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Al participar en esta acción, aceptas el Aviso de privacidad. Amnistía Internacional se apega a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

La tortura y otros malos tratos desempeñan un papel central en las operaciones de seguridad pública de las fuerzas militares y policiales en México. Estas prácticas son generalizadas y es habitual que otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, superiores, miembros del ministerio público, jueces y algunas comisiones de derechos humanos las justifiquen, las toleren o hagan caso omiso de ellas.

La reciente difusión en redes sociales de un video que muestra a integrantes de las fuerzas armadas y policía federal causando semi-asfixia y amenazando a una mujer con utilizar otras técnicas de tortura, pone nuevamente al descubierto las técnicas de investigación de las fuerzas de seguridad en el país.

¡Firma y exige a las autoridades poner fin a la impunidad casi total para los autores de estos abusos!


Enrique Peña Nieto, 
Presidente de la República

Mtra. Arely Gómez González, 
Procuradora General de la República

Les escribo para transmitirle mi profunda preocupación por la práctica generalizada de la tortura y otros malos tratos en México.

Tengo conocimiento de que los hechos que habrían ocurrido el 4 de febrero de 2015 en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, han sido reconocidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quien ha informado que inició una investigación una vez tuvo conocimiento de los hechos el 10 diciembre de 2015, y que se dictó auto de formal prisión a un Capitán y a una Soldado Policía Militar como presuntos responsables del delito de desobediencia, quienes se encuentran en prisión militar.

Por ello, les solicito garantizar de inmediato una investigación imparcial, independiente y efectiva de los hechos y el enjuiciamiento por las autoridades judiciales civiles de los miembros de las Fuerzas Armadas que estén implicados en violaciones de derechos humanos, incluyendo cualquier jefe militar u otra persona con responsabilidad en la cadena de mando.

Es urgente poner fin al papel de las Fuerzas Armadas en el desempeño de funciones policiales —como detenciones, investigaciones e interrogatorios— para las que carecen de adiestramiento o de las que no rinden cuentas.

Así mismo, es necesario que la Procuraduría General de la República informe sobre el estado de la investigación, y en caso de encontrar elementos de prueba sobre su posible responsabilidad, se lleve a las personas ante tribunales.

Atentamente,