Amnistía Internacional en su Informe 2009, expresa acerca de Uruguay: “Se registraron algunos avances a la hora de llevar ante la justicia a autores de violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado, y prosiguieron los esfuerzos encaminados a anular la Ley de Caducidad”. Desde que entró en vigor la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley 15.848) en 1986, Amnistía Internacional ha expresado repetidamente su preocupación y condena por la existencia de dicha norma. La Ley viola los principios de derecho internacional que imponen la obligación de investigar los actos de tortura, desaparición forzada de personas y homicidios extrajudiciales cometidos en el pasado. Hoy, una vez más, Amnistía Internacional vuelve a declarar que esta Ley ha privado a las víctimas y a sus familiares de los medios legales para determinar la verdad de los hechos ocurridos y, en su caso, la suerte y el paradero de sus seres queridos. Anularla representa un compromiso para acabar con la impunidad y pone de manifiesto que Uruguay está decidido a impedir que tales abusos vuelvan a suceder. La ciudadanía uruguaya puede, en octubre, decidir anular la impunidad. |