En Octubre de 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló una recomendación en la que pedía que las autoridades estatales y federales realizaran investigaciones criminales sobre los numerosos abusos perpetrados durante el operativo policial en San Salvador Atenco, pero la recomendación no se ha implementado eficazmente. Varias mujeres denunciaron haber sufrido torturas, inclusive actos de violencia sexual, a manos de agentes de la policía. Estas mujeres no han recibido una respuesta adecuada y Amnistía Internacional pide a la Fiscalía Especializada para Delitos Cometidos en Contra de las Mujeres y la Trata de Personas que investigue los casos.
De los casi 3,000 agentes federales, estatales y municipales implicados en los operativos del 3 y 4 de mayo, sólo 9 agentes de la policía estatal han sido sometidos a sanción disciplinaria (¡!).Las autoridades federales no han concluido las investigaciones penales correspondientes por lo que los responsables no han comparecido ante la justicia.
¡ACTÚA!
Lic. Alberto Bazbaz Sacal
Procurador General de Justicia del Estado de México
Procuraduría General de Justicia del Estado de México
Estimado Señor Procurador:
A cuatro años de los violentos enfrentamientos ocurridos en la población de San Salvador Atenco, las mujeres que fueron detenidas y abusadas sexualmente no han recibido justicia, a pesar de haber acudido a todas las instancias competentes locales y federales. Los estándares internacionales consideran la violencia sexual cometida contra estas mujeres a manos de agentes del Estado como un acto de tortura, delito que está penado internacionalmente en diversos tratados ratificados por el gobierno mexicano.
El gobierno del Estado de México ha sido señalado en diversas ocasiones como responsable de la violación a los derechos humanos colectivos de la población de San Salvador Atenco. A pesar de esto, la Fiscalía Especial para la Prevención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (FEVIMTRA) declinó su competencia para seguir las investigaciones por violencia sexual contra las mujeres detenidas durante el operativo en Atenco, y las remitió nuevamente a la PGJEM, convirtiendo a las autoridades del Estado de México en juez y parte del caso.
Es por esto que, como defensor/a de derechos humanos, me permito recordarle que sucesos como éste están lejos de olvidarse, y temo que el riesgo de repetirse seguirá latente mientras no se tengan garantías de que quien cometa abusos, como los perpetrados por agentes del Estado en este caso, serán sujetos de investigaciones exhaustivas y rendirán cuentas ante la justicia.
Le insto a que tome medidas inmediatas para realizar una investigación completa y exhaustiva sobre la situación denunciada por estas mujeres, para que se determine a los responsables de la violencia sexual cometida el 3 y 4 de mayo de 2006 y sean llevados ante la justicia. Asimismo, que se entreguen reparaciones a las víctimas y a sus familiares por los daños cometidos.
Espero de su gestión como Procurador una acción enérgica que conduzca a la conclusión de las investigaciones penales y que se sancione a los responsables de estos actos de violencia sexual que, bajo estándares internacionales, constituyen actos de tortura.
Espero su respuesta por escrito.