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El 13 de agosto, un grupo de más de 30 personas de la comunidad local de Lechería se reunieron ante el albergue para migrantes San Juan Diego para pedir su cierre. Los integrantes de la comunidad amenazaron con quemar el albergue si no se cerraba, y con irrumpir en él y sacar de allí a los migrantes ellos mismos. Mientras estaban allí congregados, coreaban: “fuera la casa de migrante”. Permanecieron ante el albergue durante seis horas. Protestaban argumentando que el albergue atrae problemas –como drogas y narcotraficantes– para su barrio. Durante ese tiempo, los migrantes permanecieron en el interior del albergue mientras varias de las personas que los defienden estaban en el exterior tratando de razonar con los integrantes de la comunidad local e impedir que entraran por la fuerza en el edificio.
Unos días antes, en la madrugada del 7 de agosto, se encontró el cadáver de un migrante guatemalteco, Julio Fernando Cardona Agustín, junto a las vías del tren, cerca del albergue de Lechería. Según testigos, las lesiones que presentaba sugerían que lo habían golpeado en la cabeza hasta matarlo. Varios migrantes afirmaron haber presenciado cómo unos agentes de la policía municipal detenían a Julio Fernando Cardona Agustín varias horas antes de que fuera hallado muerto. Hasta el momento, la investigación policial no ha conducido a ninguna detención, y los responsables permanecen en libertad. Pocas semanas después se encontró el cadáver de María Marisol, una mujer migrante de Honduras. Eruviel Ávila Vllegas
Sr. Gobernador Le escribo para externar mi preocupación por el personal, los voluntarios y los migrantes del albergue para migrantes San Juan Diego, en Lechería, Estado de México, quienes corren peligro de sufrir ataques e incendios provocados después de las amenazas que recibieron por parte de la comunidad local.
Quiero pedirle que se adopten medidas inmediatas de protección, de acuerdo con los deseos del personal y las demás personas en peligro en el albergue.
Del mismo modo le solicito que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los asesinatos de Julio Fernando Cardona Agustín y María Marisol Ortiz Hernández y que los responsables comparezcan ante la justicia.
Finalmente quiero recordarle que como autoridad, tiene el deber de garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias, tal y como establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.
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